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Periódico "El Día", Lunes 27 de Septiembre de 1976.- La hora de las grandes decisiones Ecuador Por Mario V. GUZMÁN GALARZA En la introducción de su libro El Festín del Petróleo, Jaime Galarza Zavala dice que "una de las mayores desgracias de un país petrolero, caído en manos de compañías extranjeras, consiste en ser un país de sordos, mudos y ciegos". Refiriéndose a los que no oyen, el autor señala lo siguiente: "Los sordos son, por supuesto, los que gobiernan. Como sus oídos están sellados con una sólida mezcla de oro y asfalto, jamás llegan hasta ellos los clamores de la nación sometida, las constantes quejas del pueblo. Sentados sobre una torre petrolera, sus orejas se destapan- y no siempre- sólo cuando un fuerte terremoto sacude la torre". En Ecuador parece haberse producido el sismo con una intensidad que llega a un grado de 30 millones de dólares en la escala de regalías y otras obligaciones, que la Gulf Oil se niega a cumplir con el Estado. Los sacudimientos fueron inevitables y el destapamientos de oídos se produjo, cuando al clamor del pueblo el gobierno se vio forzado a sumar sus protestas contra una poderosa corporación petrolera que se burla de las leyes nacionales. De acuerdo con disposiciones legales vigentes, las compañías que exportan el petróleo deben depositar 11 dólares 70 centavos por barril, que es lo que se conoce como "dólares de incautación". Los depósitos deben hacerse en el Banco Central, pero la Gulf Oil dejó de hacerlo con el pretexto de que el Estado ecuatoriano le adeuda 15 millones de dólares por diferentes conceptos, entre los que se menciona la adquisición del 25 por ciento de las acciones en el consorcio Texaco-Gulf. El gobierno conminó a la Gulf Oil, empresa norteamericana que tiene y disfruta importantes concesiones y privilegios para la explotación y exportación del petróleo crudo, a que respete y cumpla el contrato de operación y las leyes vigentes, fuera de advertirle que de lo contrario "aplicará las sanciones prescritas en las mismas para los infractores" y de acusarlo, además de perjudicar con su actitud el comercio ecuatoriano con Estados Unidos. Y como para desmentir anticipadamente la posible reorientación de su política petrolera con un sentido nacionalista, el gobierno confesó en una declaración publicada la noche del 24 de septiembre, que en el problema surgido y las negociaciones consiguientes con la Gulf, "no ha existido intención alguna del gobierno ecuatoriano de despojar a ésta unilateralmente de lo que por ley le corresponde". En el documento oficial, atribuido a los ministros de Relaciones Exteriores, de Recursos Naturales y Finanzas, se explica que "lo que el Estado ecuatoriano, como país soberano, ha exigido y exigirá siempre es el cumplimiento y respeto de las leyes y de su soberanía y aplicará las sanciones prescritas en las mismas para los infractores". De todas maneras la Gulf que tiene plazo hasta el 31 de septiembre para depositar 30 millones de dólares en el Banco Central, por concepto de las exportaciones de crudo efectuadas desde febrero pasado a la fecha, no ha dado muestras de acatamiento a las leyes. De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, si la compañía norteamericana no efectúa los depósitos, el estado deberá denunciar el contrato de operación y los activos de la Gulf tendrían que pasar sin indemnización a fondos fiscales. Todo esto no parece inquietar a la poderosa corporación petrolera, porque a sabiendas de que el Ecuador no tiene tecnología propia ni recursos financieros, ya en marzo de 1976 para presionar se publicaba en el Petroleum Intelligence Weekly la versión de que el consorcio Texaco-Gulf preferían la nacionalización a las "nuevas y onerosas condiciones financieras que el gobierno está proponiendo". En el mismo mes, el Platt¨s Oligram Price Service decía que "el futuro status de las operaciones de Texaco-Gulf en el Ecuador se mantiene incierto, mientras continúan las negociaciones sobre precios e inversiones entre el consorcio y el gobierno ecuatoriano". Es decir que las compañías extranjeras amenazaban con irse del país. Actualmente la Gulf condiciona el pago de los 30 millones de dólares al Estado, "al arreglo de los problemas pendientes en forma satisfactoria a sus intereses". El documento oficial señala: "Esto, como es de suponer, ha creado serias dificultades a la economía ecuatoriana, que dispone de limitados recursos para sus importaciones y servicios, y al gobierno en su economía fiscal, cuyo principal ingreso proviene de las exportaciones petroleras". Frente a esta situación y teniendo en cuenta el chantaje de la Gulf que con sus presiones pretende imponer sus criterios políticos, así como en vista de que la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) es socia de la Texaco-Gulf con un 25 por ciento de las acciones solamente, crece el clamor popular para que en esta hora de grandes decisiones se declare la caducidad del contrato y la inmediata nacionalización del petróleo. Ecuador está en un momento crucial de su historia: avanza con la nacionalización del petróleo hacia el destino histórico de la liberación nacional o se estanca en la dependencia. Desde esta tribuna expreso mi solidaridad con quienes luchan por que el Ecuador sea de los ecuatorianos, como América Latina debe ser de los latinoamericanos unidos en el ideal de una patria común, grande y liberada. |