|
Periódico "El Día", Martes 14 de Septiembre de 1976.- La desestabilización en Ecuador Por Rodolfo Puiggrós
El verbo transitivo desestabilizar ha adquirido últimamente notable difusión en los análisis políticos y socio-económicos. Hay razones para que así sea. Refleja el desequilibrio que, a través de múltiples injerencias, los intereses imperiales introducen en la vida interna de las sociedades en tránsito hacia la autonomía de un orden superior. La primera etapa del plan, esta es la desestabilización en sí, se está cumpliendo en algunos países latinoamericanos y se busca extenderla a los otros. Podría decirse que tiene el éxito inmediato que esperaban sus ejecutores. La desnacionalización de las empresas y bienes estatales y su traspaso a las trasnacionales, la baja o nula protección aduanera, el congelamiento de los salarios, la garantía de ganancias máximas y de su exportación a los inversores extranjeros, el desempleo, el encarecimiento de la vida, inflación y demás formas de estrangulamiento de las fuerzas productivas, de descapitalización y de llevar al máximo los antagonismos del régimen de dependencia son victorias pírricas de los intereses imperiales, pues deben vencer resistencias que se multiplican. Lo importante es investigar hasta dónde pueden llegar la primera etapa del plan y si es posible -como lo anuncian algunos políticos y economistas de relieve imperial- pasar de la desestabilización a la estabilidad correspondiente a la democracia clásica occidental y desmontar, a la vez, los aparatos de la dependencia. Porque hay una tendencia innata en la sociedad humana al orden y al equilibrio, imposibles de obtener bajo férulas extrañas y opuestas a la historia y a la realidad de cada país. En el filo de la navaja está Ecuador. La maniobra desestabilizadora lo envuelve por varios lados. Paulatinamente ha ido limando el frente interno de las fuerzas armadas que en 1972 asumieron el gobierno con la promesa -expuesta en Filosofía y Plan de Acción - de aplicar una política "nacionalista y revolucionaria", de defender la nacionalización del petróleo y de transformar la sociedad. Las empresas norteamericanas tenían contabilizadas las reservas petroleras de Ecuador desde principios de siglo (el 20 por ciento de las de América Latina), pese a lo cual esperaron las amenazas de la OPEP para decidirse a explotarlas. De los 27 millones de hectáreas del territorio nacional, 6 millones 500 se entregaron a la Mina y Petróleos, S.A. y un millón 500 a un consorcio de la Gulf y la Texaco. La situación experimentó un cambio importante con el ascenso del gobierno militar. A diferencia con lo acontecido en otros países de América del Sur, la marina encabezó e impuso las nacionalizaciones conducida por el contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia: ocupó el puerto petrolero de Balao que había construido la Gulf- Texaco , recuperó 6 millones de hectáreas de la escandalosa concesión, anuló el traspaso del Golfo de Guayaquil, nacionalizó los bienes de Minas y Petróleos, S.A., obligó a las empresas a pagar impuestos atrasados, fundó la CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana) y creó una flota petrolera. Pero cuando el contralmirante Jarrín Ampudia, entonces ministro de Recursos Naturales, propuso el aumento al 51 por ciento del 25 por ciento de la participación del Estado en el activo de la Gulf-Texaco , la presión de esta empresa lo obligó a renunciar. Meses después, el 11 de enero de este año, cedía el gobierno a un triunvirato militar el presidente Guillermo Rodríguez Jara. Detrás de los golpes fracasados y de los que, en estos momentos, se urden para cancelar el proceso iniciado el 15 de febrero de 1972, dos generales que fueron ministros del Interior y de Defensa del mismo proceso -Víctor Aulestia Mier y Galo Latorre- acaudillan el Nuevo Orden Nacional y el Escuadrón de la muerte, ubicados en la política desarrollista brasileña y represiva chilena. Atacan al gobierno que contribuyeron a establecer por "haber matado la gallina de los huevos de oro con la nacionalización de la Gulf-Texaco y, a la vez, entregar el país a las garras del Partido Comunista y de la Unión Soviética". El gobierno militar no cumplió el programa expuesto en Filosofía y Plan de Acción. Esta es su debilidad. La reforma agraria quedó en el papel. La defensa del petróleo aparece como su última trinchera. Se prepara, asociado a Venezuela, a defender en la próxima reunión de la OPEP en Qatar un aumento de los precios. Pero con la reforma ministerial del mes pasado aumentan las posibilidades de un viraje favorable a las exigencias de las empresas trasnacionales. El ministro de Recursos Naturales, general Jaime Dueñas Villavicencio, se declara dispuesto a satisfacer los reclamos de la Gulf- Texaco; el de Comercio, Danilo Carrera Drouet, elogia al "nuevo Estatuto del inversor" de Pinochet; y el de Finanzas, Jaime Morillo Batle, anuló el decreto 738, que fijaba un impuesto del 60 por ciento a las importaciones suntuarias. Tanto el gobierno militar como el ex presidente Rodríguez Lara -que tiene a su lado a los partidarios del contralmirante Jarrín Ampudia- carecen de la base popular indispensable para cerrar paso al fascismo de dependencia. |