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Periódico "El Día", Lunes 29 de Diciembre de 1975.-         

 

Bolivia

Contra una nueva mutilación del territorio nacional

por Mario V. Guzmán Galarza

 

  Es necesario reiterar, en primer término, que la salida propia y soberana al mar no es un anhelo sino un derecho legítimo del pueblo boliviano, que se ha defendido en todas las tribunas y foros internacionales desde la infausta guerra de agresión en 1879.

   Cuando se consumó el despojo del litoral boliviano, con la pérdida de 200 mil kilómetros cuadrados de territorio y cuantiosas riquezas naturales, que pasaron a poder de Chile para beneficio del capital financiero inglés, primero, y norteamericano, después, así como de la insaciable y enajenada oligarquía minera y latifundista, el país, mutilado por las fuerzas de las armas agresoras, enarboló como una bandera el principio de que la victoria no da derechos y sostuvo la tesis de que la integridad territorial de la patria es indivisible e irrenunciable.

   Victorioso y arrogante el "ejército prusiano" de Chile y la prepotente y altanera oligarquía heredera de Portales, el procónsul del imperio británico, se burlaron del heroísmo de aquellos bravos soldados del batallón Colorados de Bolivia y de cientos de patriotas civiles que, como Eduardo Abaroa, prefirieron la muerte antes que rendirse ante el invasor, proclamando derecho de conquista en las palabras del ministro Konig: "Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale; que si nada valiera, no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vendida, no tenía con qué pagar y entregó el litoral".

   No hubo voluntaria entrega donde la fuerza impuso la usurpación y el despojo, pero al cumplirse casi cien años del enclaustramiento geográfico de Bolivia, Chile sigue imponiendo sus condiciones y a pesar de haberse resarcido en demasía de los gastos de una guerra que no provocó la nación invadida, todavía reclama compensaciones y presiona para provocar una nueva mutilación del territorio boliviano.

   Esto es lo que está sucediendo actualmente a raíz de la propuesta chilena de un canje territorial y pago de compensaciones económicas, como condiciones previas para el establecimiento de un corredor al Océano Pacífico, sin soberanía y sujeto a desmilitarización obligada, en una zona desértica, sin recursos naturales y donde no es posible construir un puerto de altura, al norte de Arica y cerca de la línea de la Concordia, que delimita la frontera con el Perú que, por otra parte, deberá pronunciarse por la revisión del tratado de 1929 a fin de decidir el destino de los territorios que le pertenecieron antes de 1879.

   Del tema de las compensaciones ya se habló en 1895, cuando, en un tratado suscrito ese año, Chile se obligó a transferir a Bolivia los territorios de Tacna y Arica. El artículo primero estipuló que "la República de Bolivia abonará, como indemnización por dicha transferencia de territorio, la suma de cinco millones de pesos plata, de 25 gramos de peso y 9 décimos de fino, quedando especialmente afecto para responder a este pago el 40 por ciento del rendimiento bruto de la Aduana de Arica". También en 1926, la "proposición Kellog" para Tacna y Arica quedasen incorporados al territorio boliviano, contemplaba la alternativa de una compensación adecuada que debería determinarse "en negociaciones directas en que participen Chile, Perú y Bolivia, quedando bien entendido que el secretario de Estado pondrá a disposición de los tres gobiernos sus buenos oficios, si ellos fuesen requeridos; sea para promover un arreglo o para fijar el carácter y el monto de la compensación en el caso de que pareciese impracticable la determinación de la misma en la negociación tripartita".

   Mediante la nota del 20 de junio de 1950, Chile manifestó su acuerdo para buscar la fórmula que pueda dar "a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses". Desde entonces al 19 de diciembre de 1975, fecha de la reciente proposición chilena, que ha sido aceptada "globalmente" y calificada de "irreversible" por el presidente Bánzer, se ha retrocedido considerablemente aunque se inisite en la equidad de la transacción, debido a que no puede haber igualdad o equivalencia en el caje de territorios, a pesar del número de kilómetros cuadrados, si se tiene en cuenta que el general Pinochet no seleccionará una zona desértica y vacía, sino que -como lo ha señalado la prensa de Santiago- exigirá en compensación una zona rica en minerales, con una cuenca hidrográfica capáz de transformar los desiertos en vergeles productivos y un potencial energético hidráulico y geotérmico para electrificar el norte de Chile.

   El aprovechamiento del volumen total de las aguas del río Lauca, la desmilitarización de un corredor marítimo oneroso y sin soberanía, además de la compensación tanto territorial como económica, son exigencias que revelan los propósitos de crear una infraestructura en el norte de Chile, con los recursos bolivianos y una cuña de seguridad frente al Perú, a fin de preparar el gran asalto a la cordillera occidental y penetrar en el altiplano andino. Si Bolivia renunciara a la reivindicación de lo que fue suyo y accediera al canje territorial, estaría abriendo de par en par las puertas al expansionismo que propugna Pinochet y se condenaría nuevamente a ser víctima del derecho de conquista. Por ello es necesario rechazar las exigencias chilenas e insistir en que la histórica y justa demanda de una salida propia y soberana al mar no debe obligar a los bolivianos a sufrir una mutilación territorial más ni al pago de ninguna otra clase de compensación o renuncia de soberanía. La dignidad nacional así lo demanda.